Manifiesto por la libertad de expresión
Absolución de Jaume d'Urgell, condenado por izar una bandera republicana.
Los trabajadores, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, ONG y medios de comunicación firmantes de esta declaración, manifestamos nuestra solidaridad con el joven republicano Jaume d'Urgell, procesado por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión para reivindicar opiniones políticas legítimas.
Jaume d'Urgell arrió la bandera roja y amarilla que ondeaba en un edificio oficial, y en su lugar izó la enseña tricolor republicana: roja, amarilla y morada. Una bandera, recordémoslo: constitucional, institucional y perfectamente democrática, impuesta por las urnas y depuesta por las armas. Por este acto de desobediencia civil pacífica, la Fiscalía solicita un año de cárcel, el pago de una multa de 4000 euros y un año de inhabilitación especial para sufragio pasivo (prohibición para presentarse a elecciones).
Con esta acción simbólica y no violenta, Jaume puso de relieve la relación entre los problemas cotidianos de la ciudadanía y una forma de gobierno que él considera que no es totalmente representativa.
La acción buscaba reivindicar la adopción de políticas orientadas a la reducción de la precariedad laboral; un mayor compromiso de los poderes públicos para frenar el aumento del coste de la vida –particularmente en el sector de la vivienda–; y abogar por una forma de gobierno más democrática, en la que no existan cargos públicos que no sean electos, vitalicios, jurídicamente irresponsables, irrevocables y hereditarios; un modo de organizar la sociedad basado en los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, fundamentado en el respeto a los Derechos Humanos, la transparencia y austeridad en el gasto público, el laicismo, la paz y la efectiva participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos.
Consideramos que si Jaume d'Urgell odiara a España –como pretende el Ministerio Fiscal–, no acudiría a manifestaciones para reclamar una mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía y no llegaría a comprometer su propia seguridad jurídica para defender aquello en lo que cree. Por eso, manifestamos que la calificación penal de los hechos es totalmente desproporcionada y que, si ésta llegara a plasmarse en una sentencia, supondría un grave precedente para la conculcación de los derechos y libertades políticas.
En beneficio de todos, exigimos la libre absolución de Jaume d'Urgell y la derogación del artículo 543 del Código Penal, sobre "Ultrajes a España", por entender que su redacción es extemporánea y contradictoria con los artículos 20 de la Constitución Española (antes 34) y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantizan el derecho a no ser molestado por la libre expresión de opiniones.
Cuenta bancaria para ayudar a sufragar los costes del juicio: 2100 3000 17 2201679529 (gestionada por la ONG Paz Ahora, para garantizar la transparencia y buen fin).
